El 1 de enero de 2001 (con implementación efectiva desde esa fecha), el gobierno de Francisco Flores en El Salvador tomó una decisión histórica: sustituir el colón salvadoreño por el dólar estadounidense como moneda de curso legal.
Esta medida, impulsada mediante la Ley de Integración Monetaria, buscaba estabilizar la economía, atraer inversión extranjera y reducir la inflación, pero también generó debates sobre la pérdida de soberanía económica y el impacto social.
Contexto: Crisis y promesas de estabilidad
- El Salvador venía de una guerra civil (1980-1992) y sufría inflación alta (6.3% en 2000) y desconfianza en el colón.
- La dolarización era parte de un paquete de reformas neoliberales: privatizaciones, tratados de libre comercio y apertura comercial.
- El tipo de cambio se fijó en 8.75 colones por dólar, y los precios se reconvirtieron masivamente.
Consecuencias: ¿éxito o dependencia?
Beneficios iniciales:
- Inflación controlada: Cayó a niveles internacionales (promedio 2% anual).
- Inversión extranjera: Aumentó por la certidumbre cambiaria.
- Remesas facilitadas: El 20% del PIB depende de envíos desde EE.UU., que ya no requieren conversión.
Críticas y problemas:
- Pérdida de soberanía: El Salvador no puede imprimir dólares ni ajustar tasas de interés según sus necesidades.
- Desempleo y desigualdad: La industria local perdió competitividad frente a importaciones baratas.
- Crisis futuras: En 2022, el gobierno de Bukele enfrentó limitaciones para financiar deuda por falta de política monetaria.
Legado: 20 años de dolarización
- La medida se mantiene vigente, pero el bimonetarismo persiste: muchos pequeños negocios usan precios en colones mentalmente.
- El bitcóin se adoptó como moneda legal en 2021, añadiendo complejidad al sistema.
- Sigue el debate:
¿Fue un acierto para la estabilidad o una renuncia al desarrollo autónomo?
En conclusión, la dolarización salvadoreña refleja los dilemas de países pequeños en economías globalizadas: sacrificio de herramientas propias a cambio de credibilidad. Un experimento que hoy, tras dos décadas, sigue dividiendo a economistas y ciudadanos.

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