La Ley 1420 de educación común, sancionada en 1884, se convierte en un hito fundamental para comprender la configuración del sistema educativo argentino y su vínculo con la estructura social y política de la época.
Esta ley, que establecía la enseñanza obligatoria, gratuita y laica en las escuelas primarias de la Capital Federal y territorios nacionales, se inscribe en un contexto de profundas transformaciones impulsadas por el modelo de país que emergía tras la organización nacional.
La discusión sobre el carácter laico o religioso de la educación, que se cristaliza en el primer Congreso Pedagógico Sudamericano de 1882, revela las tensiones entre diferentes visiones de sociedad y proyecto de nación.
Por un lado, figuras como Pedro Goyena defendían la enseñanza del catolicismo en las escuelas, argumentando que la ausencia de una educación religiosa conduciría a una sociedad atea, indiferente a las creencias predominantes de la población.
Esta postura refleja una concepción de la educación como transmisora de valores tradicionales y conservadores, esenciales para la cohesión social y el orden.
Por otro lado, Delfín Gallo y otros defensores de la educación laica argumentaban que esta no implicaba necesariamente el ateísmo ni la indiferencia hacia los valores espirituales, sino que promovía la tolerancia y el respeto hacia la diversidad de creencias.
Esta visión laica de la educación se fundamentaba en la idea de que la escuela debía enseñar moral y ética despojada de dogmatismos religiosos, fomentando la libertad de conciencia y facilitando la integración de inmigrantes en una sociedad cada vez más plural.
La victoria del laicismo en el debate educativo, con la implementación de la Ley 1420, se inscribe en un proceso más amplio de secularización de la sociedad argentina, en el cual el Estado asumió funciones que anteriormente estaban reservadas a la Iglesia, como la administración de los cementerios y el registro del matrimonio civil.
Este proceso también se refleja en medidas como la Ley de Residencia, que, aunque controversial por su naturaleza inconstitucional, evidencia el intento del Estado por consolidar su autoridad y control sobre la sociedad, incluyendo aspectos relacionados con la seguridad y el orden público.
En el ámbito económico, el Estado argentino de finales del siglo XIX y principios del XX buscaba consolidar su estructura financiera a través de diversas medidas.
La ocupación de territorios como el Chaco y Formosa, el establecimiento de impuestos a las importaciones, bebidas alcohólicas y el tabaco, así como la financiación a través de deuda, responden a la necesidad de generar ingresos para un Estado en proceso de expansión y modernización.
La creación de la Caja de Conversión y la establecimiento de la convertibilidad en 1899 buscaban, además, proporcionar estabilidad monetaria, elemento crucial para el desarrollo económico y la integración en el mercado mundial.
La implementación de un sistema impositivo regresivo, sin embargo, señala las limitaciones y desigualdades del modelo de desarrollo adoptado, poniendo en evidencia las tensiones entre crecimiento económico y equidad social.
En este contexto, la Ley 1420 de educación común no solo representa un hito en el ámbito educativo, sino que también se inscribe en un proceso más amplio de modernización y secularización del Estado y la sociedad argentina, marcado por la tensión entre tradición y modernidad, entre lo religioso y lo laico, y entre el desarrollo económico y la justicia social.
Queridos lectores si les gusto lo que leyeron, puede contribuir un poco. Muchas gracias
https://cafecito.app/sergiomiguel
.jpg)
