La Vicalvarada y el Fin del Decenio Moderado

El 28 de junio de 1854, en los secos y polvorientos campos de Vicálvaro, al sureste de Madrid, dos generales del ejército español, Leopoldo O'Donnell y Domingo Dulce, alzaron sus tropas contra el gobierno moderado de Luis José Sartorius, conde de San Luis, en un pronunciamiento militar que la historia conocería como la "Vicalvarada". 

Aquella acción, que comenzó como una maniobra confusa y casi testimonial, se transformó en pocas semanas en una revolución popular que derribó a la regente María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, puso fin al Decenio Moderado (1844-1854) y abrió un periodo de dos años de reformas progresistas conocido como el Bienio Progresista (1854-1856). 

Lo que empezó como una disputa entre facciones militares por el control del gobierno pronto se contagió de las aspiraciones de las masas urbanas, que salieron a la calle en Madrid, Barcelona, Valencia y otras ciudades para exigir no solo un cambio de ministros, sino reformas estructurales: la ampliación del sufragio, la libertad de imprenta, la desamortización civil, la supresión de los arbitrios (impuestos municipales abusivos) y el fin del centralismo autoritario impuesto por los moderados. 

La Vicalvarada fue, en esencia, un ejemplo paradigmático del militarismo progresista español del siglo XIX, donde una asonada militar, en lugar de imponer un gobierno de espada, desató una movilización civil que forzó la caída de la reina Isabel II de facto y la convocatoria de Cortes Constituyentes. 

Pero también fue un episodio de violencia callejera, de división social y de expectativas frustradas, cuyo saldo final fue el retorno del moderantismo en 1856 y la creciente desafección hacia la monarquía sembrando las semillas de la Revolución Gloriosa de 1868.

Para comprender la revolución en toda su complejidad, es necesario analizarla desde múltiples perspectivas sociales, atendiendo a los actores que la protagonizaron y a los intereses que se enfrentaron en aquel caluroso verano de 1854.

Desde la perspectiva militar y del pronunciamiento como género político, la Vicalvarada fue la culminación de una larga tradición de intervención del ejército en la vida política española, que se remontaba al levantamiento de Riego (1820) y a los pronunciamientos de la década de 1830. 

Pero a diferencia de las asonadas puramente cuarteleras, la de 1854 tuvo la peculiaridad de contar con una base civil organizada en las Juntas Revolucionarias que surgieron espontáneamente en las principales ciudades. 

O'Donnell, un general moderado disconforme con el rumbo autoritario de Sartorius y con la creciente influencia de la camarilla cortesana, no pretendía inicialmente una revolución social, sino un simple cambio de ministros que devolviera a los generales moderados "puritanos" al poder. 

Sin embargo, su manifiesto, redactado por el político Antonio de los Ríos Rosas, fue lo suficientemente ambiguo como para atraer el apoyo de los progresistas, que veían en la asonada una oportunidad para recuperar el poder perdido tras la década moderada. 

El error de O'Donnell fue calcular mal la respuesta popular: cuando los generales Dulce y O'Donnell se retiraron hacia el sur tras el encuentro indeciso de Vicálvaro un enfrentamiento con las tropas gubernamentales que solo causó unas decenas de bajas, los comités progresistas de Madrid y Barcelona tomaron la iniciativa, declararon la guerra al gobierno y llamaron a la insurrección civil. 

Las barricadas aparecieron en las calles de Madrid, y la reina Isabel II, viendo que el ejército se dividía y que la guardia civil no lograba contener a la multitud, acabó aceptando la formación de un gobierno presidido por el general Baldomero Espartero, el héroe progresista que regresó del exilio para liderar el Bienio.

La perspectiva de los partidos políticos permite entender las fracturas internas del liberalismo español. El Decenio Moderado (1844-1854) había sido un periodo de gobierno del Partido Moderado, bajo el liderazgo de Ramón María Narváez y luego de los ministros Braulio Carrillo, Juan Bravo Murillo y finalmente Sartorius. 

Los moderados representaban a la gran burguesía terrateniente y financiera, defensora del orden, del centralismo administrativo, de la propiedad vinculada (mayorazgos) y de una interpretación restrictiva de la soberanía nacional: el sufragio era censitario y muy reducido, la libertad de imprenta estaba amordazada, y la Iglesia conservaba buena parte de su poder. 

Enfrente, el Partido Progresista, liderado por Espartero y por figuras como Salustiano de Olózaga, Juan Prim y Pascual Madoz, reclamaba la ampliación del sufragio (aunque todavía censitario), la libertad de imprenta, la Milicia Nacional (una guardia ciudadana armada), y una desamortización que pusiera en el mercado las tierras del clero y de los ayuntamientos para crear una pequeña burguesía rural. 

La Vicalvarada, al forzar la entrada de los progresistas en el gobierno, supuso un vuelco temporal en estas correlaciones de fuerzas. Sin embargo, el propio O'Donnell, que se convertiría en ministro de la Guerra y luego fundaría la Unión Liberal, un partido de centro que pretendía fusionar a moderados y progresistas "sensatos", representaba la aspiración de una parte del ejército y de la burguesía de encontrar una vía intermedia entre el autoritarismo moderado y el radicalismo democrático. 

El Bienio Progresista fue, en este sentido, una alianza inestable entre el viejo caudillo Espartero y el ambicioso O'Donnell, condenada a romperse cuando las tensiones sociales se agudizaran.

Desde la perspectiva de las clases populares urbanas, la revolución de 1854 fue un momento de esperanza y de peligro. Los artesanos, los pequeños comerciantes, los jornaleros y los primeros núcleos del proletariado fabril (especialmente en Barcelona, donde la industria textil ya había creado una masa obrera) vieron en la caída de los moderados la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida. 

Las Juntas Revolucionarias, integradas por progresistas de base, republicanos y sectores del democratismo, ejercieron un poder paralelo durante las semanas de julio y agosto de 1854, organizando la resistencia armada, recaudando impuestos revolucionarios y decretando la libertad de imprenta de hecho. 

En Madrid, la Junta presidida por el progresista Ángel Fernández de los Ríos llegó a ejercer un poder casi omnímodo, temido por las clases propietarias. Fue en este clima de efervescencia popular donde surgieron las primeras organizaciones obreras en Cataluña, que aprovecharon la relajación de la censura para publicar periódicos y convocar huelgas. 

Sin embargo, esta movilización popular no era vista con buenos ojos por los generales y por los políticos progresistas moderados. Cuando en 1855 una huelga general en Barcelona y una revuelta de campesinos en Castilla la Vieja amenazaron con desbordar el orden, Espartero y O'Donnell no dudaron en reprimir duramente, bombardeando Barcelona y disolviendo las Juntas. 

La revolución, que había comenzado con barricadas populares, terminó con cañones apuntando a los mismos barrios que las levantaron.

La perspectiva campesina y de la desamortización es central para entender el Bienio Progresista. La medida más emblemática del periodo fue la Desamortización General de Madoz (1855), que ordenó la puesta en subasta de todas las tierras pertenecientes al Estado, a los ayuntamientos y a las corporaciones civiles y eclesiásticas (excepto las de culto). 

A diferencia de la desamortización de Mendizábal (1836-1837), que afectó sobre todo a bienes del clero regular, la de Madoz incluyó los llamados "bienes de propios" y "bienes de comunes", es decir, las tierras de uso colectivo de los campesinos pobres (pastos, leñas, abrevaderos). 

Para los campesinos sin tierra, la desamortización fue una catástrofe: perdieron los recursos comunales que les permitían sobrevivir en tiempos de escasez, mientras que las tierras subastadas fueron adquiridas mayoritariamente por la burguesía urbana y los militares enriquecidos, no por los pequeños labradores. 

El sueño de una república de pequeños propietarios se convirtió en una concentración de la propiedad aún mayor que la del Antiguo Régimen. Además, la venta de tierras se hizo a plazos y con procedimientos tan corruptos que muchos campesinos endeudados perdieron las parcelas que habían comprado. 

El Bienio Progresista, en lugar de aliviar el malestar rural, lo agravó, y las revueltas campesinas de 1855-1856 fueron reprimidas con dureza. Los historiadores han señalado que la desamortización de Madoz, al destruir la economía campesina de subsistencia, contribuyó a la proletarización del campo y a la posterior extensión del anarquismo en Andalucía y Extremadura.

La perspectiva de género y de la vida cotidiana en la revolución está menos documentada, pero puede reconstruirse a partir de crónicas y memorias. Las mujeres participaron activamente en las barricadas de Madrid y Barcelona: abastecían de agua y alimentos a los combatientes, fabricaban cartuchos, cuidaban a los heridos y, en algunos casos, empuñaron armas. 

La figura de la "manola" madrileña (la mujer del pueblo vestida con mantón y peineta) se convirtió en un símbolo de la rebeldía popular, y hubo casos célebres de mujeres que arengaron a las tropas gubernamentales para que se unieran a la insurrección. Sin embargo, una vez consolidado el gobierno de Espartero, las mujeres fueron rápidamente excluidas de los espacios de decisión política. 

La Constitución nonata de 1856 (que no llegó a promulgarse) mantenía el sufragio exclusivamente masculino, y la Milicia Nacional, el cuerpo ciudadano armado, también excluía a las mujeres. 

El Bienio no trajo ningún avance para los derechos femeninos; al contrario, los discursos liberales de la época insistían en que la mujer debía permanecer en el hogar, educando a los futuros ciudadanos, pero sin participar en la esfera pública. La excepción fue la educación: algunos progresistas impulsaron la creación de escuelas para niñas, pero su impacto fue limitado.

La perspectiva territorial y regional, especialmente catalana, es imprescindible. Barcelona fue el epicentro de la revolución popular más radical. La ciudad condal llevaba años sufriendo el centralismo moderado, que había suspendido los fueros, centralizado la administración y favorecido los intereses de los castellanos. 

La Junta Revolucionaria de Barcelona, presidida por el progresista Pascual Madoz (el mismo de la desamortización), asumió un poder casi soberano durante varios meses y presionó al gobierno central para que aceptara medidas como la libertad de comercio, la reducción de los consumos (impuestos sobre artículos de primera necesidad) y el restablecimiento de la Milicia Nacional. 

Sin embargo, el enfrentamiento entre las clases populares (que pedían una revolución social) y la burguesía industrial catalana (que temía el desorden) se hizo evidente durante la huelga general de 1855. 

Los fabricantes textiles de Barcelona, que habían apoyado inicialmente la revolución como vía para liberarse de los aranceles moderados y obtener una política económica más favorable, se asustaron ante la irrupción del movimiento obrero. 

Así, en 1856, la burguesía catalana dio un giro conservador y apoyó la represión que O'Donnell impuso sobre los obreros barceloneses. La Vicalvarada, que había nacido como una protesta contra la camarilla cortesana, acabó revelando las profundas contradicciones entre las distintas clases que formaban el bloque progresista.

La perspectiva internacional también jugó un papel, aunque menos visible. La revolución de 1854 en España coincidió con el inicio de la Guerra de Crimea (1853-1856), que mantenía ocupadas a las potencias europeas. 

Esto permitió que el pronunciamiento y la subsiguiente revolución popular se desarrollaran sin intervención extranjera, algo que no había ocurrido en 1848, cuando las potencias conservadoras (Rusia, Prusia, Austria) habían ayudado a reprimir las revoluciones liberales. 

Francia, bajo Napoleón III, observó con preocupación pero no intervino; Gran Bretaña, en plena guerra con Rusia, no podía permitirse otra complicación. El gobierno de Espartero, aunque progresista, mantuvo una política de neutralidad en Crimea y no alteró la alianza tradicional con Londres. 

Esto permitió que el Bienio pudiera desarrollarse sin el fantasma de una intervención de la Santa Alianza, aunque sí hubo presiones diplomáticas moderadas para que España no se desviara hacia posiciones demasiado radicales.

La perspectiva de la prensa y la opinión pública fue transformada por la revolución. Durante el Decenio Moderado, la prensa estaba sometida a una durísima censura, con periódicos clausurados y periodistas encarcelados. 

La revolución trajo consigo una explosión de publicaciones de todo signo: desde los diarios progresistas como El Clamor Público hasta los incipientes periódicos obreros y republicanos. Por primera vez, las clases populares tuvieron acceso a información política más allá del rumor y el pasquín. 

Este florecimiento periodístico, sin embargo, fue breve: hacia 1856, O'Donnell reinstauró la censura, aunque más suave que la moderada. El Bienio dejó una lección: la libertad de imprenta era un derecho que costaba conquistar y que solo sobrevivía mientras los gobiernos progresistas se sintieran seguros. 

Los caricaturistas políticos también aprovecharon el momento para satirizar a la reina Isabel II y a los ministros moderados, creando una iconografía de la corrupción y el nepotismo que perduró en la memoria popular.

El final del Bienio Progresista llegó en julio de 1856, cuando O'Donnell, cansado de la incapacidad de Espartero para contener la conflictividad social, dio un golpe de estado interno, declaró el estado de guerra, disolvió las Cortes y asumió el poder. 

La reina Isabel II, que nunca había digerido a Espartero, apoyó a O'Donnell, y el breve experimento progresista se disolvió en un baño de sangre en las calles de Madrid (sucesos de la noche de San Daniel, 10 de abril de 1856, y la posterior represión). 

Se inició entonces un periodo de gobierno de la Unión Liberal (1856-1863), en el que O'Donnell intentó una vía intermedia entre moderados y progresistas, pero que en la práctica supuso la vuelta a muchas de las políticas autoritarias del Decenio. 

Los obreros y campesinos que habían puesto sus esperanzas en la revolución de 1854 se sintieron traicionados, y el republicanismo federal ganó adeptos. La Vicalvarada, aquel oscuro encuentro en las afueras de Madrid, acabó siendo recordada no como el inicio de una nueva era de libertad, sino como una ocasión perdida, un paréntesis de dos años que dejó más frustración que conquistas duraderas. 

Sin embargo, el Bienio Progresista fue también el laboratorio de reformas que anticiparon la revolución de 1868: la desamortización, la ley de ferrocarriles, la apertura a la inversión extranjera y la primera organización del movimiento obrero en España. Su legado, contradictorio, sigue siendo materia de debate entre los historiadores.