Anexión de Puerto Rico a Estados Unidos

En 1997, el entonces gobernador de Puerto Rico, Pedro Rosselló González, intensificó sus esfuerzos políticos e institucionales para promover la anexión plena del Estado Libre Asociado (ELA) a los Estados Unidos como estado federado. 

Esta iniciativa formó parte de una estrategia a largo plazo del Partido Nuevo Progresista (PNP), que históricamente ha defendido la “estadidad” como el ideal político para la isla.

El momento fue crucial porque se inscribía en un contexto de re-definición de las relaciones de Puerto Rico con Estados Unidos y en medio de un renovado interés por parte del Congreso estadounidense sobre el estatus político del archipiélago.

Contexto político e histórico del reclamo

Puerto Rico ha sido un territorio no incorporado de Estados Unidos desde 1898, tras la Guerra Hispano-Estadounidense y la firma del Tratado de París, que puso fin al dominio colonial español. 

En 1952, se constituyó el Estado Libre Asociado, un estatus que otorgó a Puerto Rico autonomía limitada con una constitución propia, pero sin plena soberanía ni representación política federal con derecho a voto.

Desde entonces, el debate entre los tres principales modelos de estatus político —la estadidad (anexión como estado), el ELA mejorado, y la independencia— ha marcado la vida política del país. 

Pedro Rosselló, gobernador entre 1993 y 2001, fue uno de los líderes más activos en impulsar la estadidad como vía para garantizar la igualdad de derechos civiles y económicos para los ciudadanos puertorriqueños.

La ofensiva de 1997: el informe del Congreso y la Ley 600

El impulso de Rosselló en 1997 coincidió con la publicación del “Informe del Comité de Recursos de la Cámara de Representantes de EE.UU.”, también conocido como el Informe Young, en referencia al congresista republicano Don Young, que presidía ese comité. 

Este documento analizaba las opciones de estatus político de Puerto Rico y concluía que el ELA no constituía una relación definitiva ni soberana, pues la soberanía última seguía perteneciendo al Congreso de los Estados Unidos.

El informe reabrió el debate nacional sobre la ambigüedad del estatus de Puerto Rico, y Rosselló aprovechó esa coyuntura para presionar al Congreso y al gobierno federal a través de declaraciones públicas, contactos diplomáticos y una campaña educativa local que promovía la igualdad plena bajo la ciudadanía estadounidense.

En este contexto, el gobernador argumentaba que la estadidad aseguraría acceso igualitario a programas federales, representación plena en el Congreso y la posibilidad de votar en las elecciones presidenciales, algo que los puertorriqueños no pueden hacer pese a ser ciudadanos estadounidenses desde 1917.

Acciones concretas de Rosselló en 1997

Durante ese año, Rosselló lideró una campaña institucional con tres grandes líneas de acción:

1. Lobby federal: Mantuvo encuentros con legisladores en Washington D.C., buscando apoyo para un proyecto de ley que habilitara un referéndum federal vinculante sobre el estatus político de Puerto Rico.

2. Movilización interna: El gobierno de Puerto Rico lanzó campañas públicas y programas escolares que promovían los beneficios de la estadidad. Se presentaba la anexión como una solución definitiva para superar la condición colonial y las limitaciones socioeconómicas de la isla.

3. Plebiscito preparatorio: Aunque no fue convocado oficialmente ese año, se prepararon las bases para un plebiscito no vinculante, que se realizaría en 1998, donde los electores podrían escoger entre diferentes opciones de estatus, incluyendo la estadidad.

Repercusiones y resistencias

La iniciativa de Rosselló encontró resistencias tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. En la isla, el Partido Popular Democrático (PPD) defendía el ELA como un modelo viable y criticaba lo que percibían como una entrega de soberanía a Washington. 

El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), por su parte, consideraba que la estadidad perpetuaría el colonialismo bajo otra forma y abogaba por una independencia plena.

En Estados Unidos, el tema del estatus de Puerto Rico provocaba divisiones partidistas y jurídicas, ya que la anexión como estado implicaría representación congresional y electoral, lo cual alteraría los equilibrios políticos nacionales. 

Además, se planteaban interrogantes económicos sobre cómo se integraría una economía con altos niveles de pobreza y desempleo estructural.

Legado del impulso de Rosselló

Aunque en 1998 se realizó el plebiscito propuesto, los resultados fueron ambiguos: la mayoría votó por la opción de “ninguna de las anteriores”, como una forma de protesta contra el formato del referéndum. 

Sin embargo, el empuje de 1997 y el liderazgo de Rosselló consolidaron el tema del estatus como una prioridad política permanente, tanto a nivel local como federal.

Desde entonces, ha habido varios plebiscitos adicionales y múltiples intentos legislativos para re-definir la relación de Puerto Rico con Estados Unidos. Ninguno ha sido vinculante hasta ahora, pero el tema sigue siendo una herida abierta en la identidad y el futuro político del archipiélago.

Conclusión

El año 1997 representó un momento clave en el largo camino de Puerto Rico hacia la definición de su estatus político. Bajo el liderazgo de Pedro Rosselló, se dio un paso audaz hacia la estadidad, promoviendo la anexión como una vía de igualdad y desarrollo. 

Aunque no logró su objetivo inmediato, el impulso de aquel año dejó una marca indeleble en la política puertorriqueña y en el debate sobre la condición colonial del último gran territorio de América Latina aún sujeto a soberanía extranjera.