La Revolución Gloriosa de 1868 en España

El 19 de septiembre de 1868, una escuadra naval al mando del almirante Juan Bautista Topete se sublevó en la bahía de Cádiz, lanzando un manifiesto redactado por el político unionista y antiguo moderado Francisco Cea Bermúdez que llevaba por lema «España con honra». 

Aquel grito, que desencadenó la Revolución Gloriosa, fue mucho más que un pronunciamiento militar entre los tantos que jalonaban la convulsa historia decimonónica española. 

Fue la explosión final de un régimen isabelino que, tras un cuarto de siglo de gobierno personalista, fraude electoral, represión sistemática de la oposición y acumulación de escándalos financieros, había logrado la proeza de alienar a casi todos los sectores de la sociedad. 

A los militares humillados por la corrupción, a los políticos liberales excluidos del turno de poder, a los burgueses industriales y comerciantes asfixiados por las aduanas y los aranceles, a los intelectuales que soñaban con una modernización europea, a las masas campesinas que sufrían las malas cosechas y los impuestos abusivos, y a los incipientes obreros urbanos que empezaban a organizarse bajo influencias internacionalistas. 

La Gloriosa fue la revolución que destronó a Isabel II, la más joven y cansada de las reinas de la España contemporánea, y abrió un período de seis años de experimentos democráticos el Sexenio Democrático (1868-1874). 

Que incluyó un gobierno provisional, una monarquía constitucional bajo Amadeo de Saboya, una Primera República federal, y finalmente una república unitaria que sucumbiría al golpe de Estado de Pavía y al pronunciamiento de Martínez Campos que restauró la monarquía borbónica en la persona de Alfonso XII, hijo de la destronada. 

Para entender la Revolución Gloriosa es preciso desglosarla desde múltiples perspectivas, pues su origen, su desarrollo y su fracaso final contienen las claves de la debilidad estructural del Estado liberal español y de la incapacidad de las élites para construir un proyecto nacional incluyente.

Desde una perspectiva socio-histórica, la revolución de septiembre de 1868 fue el colofón de una larga crisis de legitimidad que arrastraba el reinado de Isabel II desde su mismo nacimiento bajo la regencia de su madre, María Cristina. 

Tras la Primera Guerra Carlista (1833-1840), la monarquía isabelina había sido el eje de un liberalismo doctrinario que excluía tanto a los absolutistas carlistas como a los demócratas, y que gobernaba mediante una Constitución moderada (de 1845). 

Una ley electoral censitaria que dejaba el voto en manos de menos del 1% de la población, y un sistema de turno de partidos Moderados y Unión Liberal que repartían el poder mediante el pucherazo. 

La década moderada de 1844 a 1854, bajo el liderazgo de Ramón María Narváez, estableció las bases de un Estado centralista, confesional y aristocrático, que reprimió cualquier atisbo de disidencia con el uso sistemático de la Guardia Civil y la milicia nacional. 

El Bienio Progresista (1854-1856), a pesar de su intento de apertura, apenas rasguñó las estructuras oligárquicas. Para 1868, la corrupción alcanzaba cotas insoportables incluso para la propia clase política. 

Los escándalos bursátiles como el de las «estafas de las ferrovías», la venta de influencias en la corte, el nepotismo que rodeaba a la reina y a sus favoritos (el general Serrano, el general O'Donnell) y, sobre todo, la profunda crisis financiera desatada por la «crisis de los ferrocarriles» y la quiebra de bancos y empresas en 1866 habían erosionado la confianza de la burguesía catalana y vasca en el régimen. 

Paralelamente, las malas cosechas de 1866 y 1867 provocaron hambrunas en Andalucía y Extremadura, con la consiguiente explosión de motines campesinos y ocupaciones de tierras que fueron aplastados a sangre y fuego. 

A ello se sumaba la sensación de que el país estaba estancado en una mediocridad institucional que le impedía seguir el ritmo de las potencias europeas. El ferrocarril era deficiente, la industria atrasada, la analfabetización cercana al 80%, y el Estado no conseguía armonizar sus cuentas ni modernizar su administración. 

El «fracaso de la revolución industrial» en España, en contraste con el dinamismo de Inglaterra o Francia, se atribuía por la intelectualidad progresista a la corrupción política y a la falta de libertades. 

Así, la revolución de 1868 fue vivida por amplios sectores de las clases medias urbanas como una catarsis liberadora, una oportunidad para refundar la nación sobre bases democráticas, tal como lo expresaba el manifiesto revolucionario: la consigna «España con honra» era un grito contra la vergüenza de la corrupción, contra la ignominia de una reina que representaba la pérdida de todo decoro público.

Sociológicamente, la Revolución Gloriosa fue un movimiento complejo que logró aunar intereses muy diversos en una coalición frágil y finalmente efímera. 

Los tres grandes actores que se coordinaron para derribar a Isabel II fueron los generales progresistas y unionistas (liderados por Juan Prim, Francisco Serrano y el ya citado Topete), los políticos demócratas que aspiraban al sufragio universal, y las masas urbanas de Madrid, Barcelona y Cádiz que salieron a la calle enardecidas por los mítines y las proclamas revolucionarias. 

Esta alianza interclasista se cimentó sobre un enemigo común, pero disolvió en cuanto se trató de construir un nuevo orden. Los militares querían una monarquía constitucional con sufragio reducido, los demócratas pedían la república federal, y las masas obreras y campesinas, influidas por los internacionalistas (la sección española de la AIT se fundaría al año siguiente, en 1869), exigían reformas sociales radicales. 

Abolición de los consumos (impuestos indirectos que gravaban los alimentos básicos), reparto de tierras, jornada laboral de ocho horas, libertad de asociación y huelga. El mismo gobierno provisional que se constituyó en octubre de 1868, presidido por Serrano e integrado por Prim, Topete, el progresista Sagasta y el unionista Cea Bermúdez, representaba un frágil equilibrio entre las diferentes sensibilidades. 

Las Cortes Constituyentes elegidas por sufragio universal masculino (primera vez en la historia de España) en enero de 1869 dieron una mayoría a la coalición monárquica, pero dejaron una minoría republicana de unos 80 diputados que, aunque minoritaria, era muy activa y popular. 

La tensión entre la voluntad popular expresada en las urnas y el proyecto conservador de la élite militar y política sería la fuente de todas las crisis posteriores.

La revolución social se manifestó en la proliferación de juntas revolucionarias en las principales ciudades, en la quema de conventos durante los primeros días (especialmente en Barcelona y Madrid), en la ocupación de tierras por parte de campesinos andaluces, y en la formación de milicias populares que desafiaban al ejército regular. 

Estas expresiones de violencia y de aspiración igualitaria aterrorizaron a las clases propietarias, que empezaron a añorar el orden isabelino. La famosa circular del gobierno provisional del 9 de octubre de 1868, en la que se desautorizaban las juntas, ordenaba la disolución de las milicias y prohibía las huelgas, fue la primera señal de que la revolución no iba a ser tan radical como algunos esperaban. 

El liberalismo español demostraba sus límites: la libertad sí, pero el orden público por encima de todo; el sufragio universal sí, pero el derecho de propiedad sagrado e inviolable.

Políticamente, la Revolución Gloriosa fue un formidable ejercicio de ingeniería institucional que se saldó con una obra constitucional de altísima calidad la Constitución de 1869 pero que fracasó en la tarea de estabilizar el sistema. 

La nueva constitución, promulgada el 6 de junio de 1869, era la más avanzada de la Europa continental de su tiempo: establecía la soberanía nacional, el sufragio universal masculino para los mayores de 25 años, una declaración de derechos muy amplia (derecho de reunión, asociación, inviolabilidad del domicilio, habeas corpus, libertad de imprenta, libertad de enseñanza), la monarquía como forma de gobierno pero con un poder real muy limitado, y una división de poderes con Cortes bicamerales (Congreso y Senado) y un poder judicial independiente. 

Era, en teoría, el marco ideal para una democracia liberal. El problema fue que el edificio constitucional se construyó sobre una base social fracturada y con un rey ausente. Tras la destitución de Isabel II, las Cortes buscaron infructuosamente un monarca que aceptara el trono. 

El candidato inicial, el general Espartero, anciano y popular, rechazó el ofrecimiento. Finalmente, la corona fue ofrecida a Amadeo de Saboya, hijo del rey de Italia, que aceptó y desembarcó en Cartagena en diciembre de 1870. 

Pero el reinado de Amadeo I fue un viacrucis: dos años (1870-1873) de inestabilidad crónica, con tres elecciones generales, varios atentados contra su persona, una guerra carlista en el norte (estallada en 1872), una insurrección cantonalista en el sur, y una clase política que, lejos de apoyarlo, conspiraba constantemente para substituirlo por otro candidato o para restaurar a los Borbones. 

El 11 de febrero de 1873, abrumado por la falta de apoyos y por el asesinato de su valedor, el general Prim (ocurrido en diciembre de 1870), Amadeo abdicó, pronunciando la célebre frase: «España es un país ingobernable». 

Las Cortes, sin solución monárquica, proclamaron la Primera República, que duraría once meses (febrero de 1873 a enero de 1874) y sería aún más convulsa, con cuatro presidentes en ese breve lapso y una fragmentación federalista que desembocó en la rebelión cantonal de Cartagena, que se declaró independiente en julio de 1873. 

El golpe de Estado del general Pavía (enero de 1874) disolvió las Cortes republicanas y entregó el poder al general Serrano, que instauró una dictadura republicana unitaria. 

Finalmente, el 29 de diciembre de 1874, otro pronunciamiento del general Martínez Campos en Sagunto proclamó rey a Alfonso XII, hijo de Isabel II, restaurando la monarquía borbónica e iniciando el período de la Restauración (1875-1923), que borraría casi todas las conquistas democráticas de la Gloriosa y volvería al sufragio censitario, al turno de partidos y a la centralización oligárquica.

Esta secuencia de acontecimientos revela la paradoja profunda de la Revolución Gloriosa: fue la única revolución triunfante del siglo XIX que pudo haber instaurado una democracia estable en España, pero fracasó por la incapacidad de la clase política para aceptar la alternancia pacífica y por la exacerbación de los particularismos regionales y de clase. 

El liberalismo español, nacido en la guerrilla contra Napoleón y consolidado por el pronunciamiento, seguía siendo un liberalismo militar, no civil. Cada fracción política, cuando perdía en las urnas, recurría al cuartel para imponerse. 

El poder civil era débil, y el ejército se arrogaba la función de árbitro de la vida política. La Gloriosa fue el último gran intento de construir una democracia parlamentaria por medios civiles, pero la herencia de la «ley de fuga» la costumbre de que el perdedor no aceptara la derrota la condenó al fracaso.

Psicológicamente, la Revolución Gloriosa fue un momento de euforia colectiva seguido de una profunda desilusión. 

Las manifestaciones de septiembre de 1868 en Madrid con barricadas, cánticos, estampidas de la muchedumbre coreando «Viva la Soberanía Nacional», «Abajo los Borbones» y «Mueran los moderados» produjeron un clima de fiesta revolucionaria que hizo creer a muchos que por fin se había roto el ciclo de opresión. 

El destierro de Isabel II, que huyó a Francia el 30 de septiembre de 1868 disfrazada de hombre, fue recibido con algarabía y la quema de sus retratos en las plazas. 

La promulgación de la Constitución de 1869, con sus derechos y libertades, generó un optimismo desmedido. Sin embargo, la euforia se fue disipando conforme se multiplicaban los conflictos: los republicanos se sentían traicionados por la solución monárquica. 

Los carlistas veían en la revolución una oportunidad para defender sus fueros y su religión; los campesinos ansiaban la tierra y no la obtenían; los obreros industriales pedían leyes laborales que el liberalismo económico se negaba a conceder; los militares se escindieron entre partidarios de la república federal y defensores del orden monárquico. 

La incapacidad del gobierno provisional para satisfacer a ninguna de esas demandas generó una frustración que, a su vez, alimentó la violencia. 

La guerra carlista (1872-1876) fue, en parte, una reacción nostálgica de los sectores rurales del norte que añoraban los fueros y la monarquía absoluta, pero también una reacción contra la descristianización y la centralización impulsadas por el liberalismo. 

Los cantonalistas, por su parte, eran republicanos federales que, al ver que las Cortes constituyentes no establecían una república federal, se alzaron en armas para constituir cantones independientes, con la ilusión de que la descentralización extrema resolvería los problemas del país. El resultado fue una guerra civil solapada que la República no supo gestionar.

La psicología de la ilusión utópica y el posterior desencanto es clave para entender el Sexenio. En la España del siglo XIX, cualquier intento de cambio profundo desataba expectativas desmesuradas que ninguna gobernanza realista podía colmar. 

La revolución de 1868 no solo fue una revolución política; fue también una revolución de las esperanzas populares. Y cuando esas esperanzas se toparon con la dureza de las instituciones, la escasez de recursos, la falta de consenso y la fragmentación regional, sobrevino el vacío y la huida hacia adelante hacia formas autoritarias de gobierno. 

El fracaso de la Gloriosa dejó una cicatriz profunda en la memoria colectiva de la izquierda española: la convicción de que la burguesía liberal traicionó a las masas, y de que la democracia parlamentaria era un espejismo sin revolución social. 

Esta lección influiría decisivamente en el posterior desarrollo del anarquismo y el socialismo español, que fueron mayoritariamente refractarios a la participación electoral y apostaron por la vía insurreccional.

En conclusión, la Revolución Gloriosa de 1868 fue el momento álgido del liberalismo democrático en la España del siglo XIX, pero también su derrota seminal. Destronar a Isabel II fue fácil; construir una democracia estable resultó imposible. 

Las razones son múltiples: una clase política habituada al cuartelazo, un ejército que no aceptaba la subordinación al poder civil, un campesinado analfabeto que entendía la política en términos mesiánicos, una burguesía atemorizada por el radicalismo obrero, y una estructura económica atrasada que no podía sostener unas instituciones modernas. 

La revolución produjo una Constitución modélica, pero no supo gobernar la sociedad civil. Legó a la Restauración el recuerdo de un caos que serviría para justificar el retorno a la oligarquía. 

El Sexenio fue, en palabras de los historiadores, «el primer ensayo de democracia en España»; y ese ensayo, aunque fallido, dejó semillas el sufragio universal, la libertad de cultos, la libertad de imprenta que renacerían décadas después, ya en el siglo XX, durante la Segunda República (1931-1936). 

La Gloriosa es así un capítulo trágico y fundacional: el momento en que España pudo ser moderna y democrática, y no lo fue porque sus élites prefirieron el orden a la libertad, y sus masas, la redención social a la estabilidad institucional. 

Esa lección amarga sigue flotando sobre la historia española, recordando que sin cultura cívica compartida, sin Estado de derecho consolidado y sin un pacto social básico, las revoluciones se devoran a sí mismas y abren el camino a sus propios verdugos.